El gobierno de Andorra ha avanzado algunos detalles sobre la ley de reestructuración y resolución bancarias que está preparando para dar salida a la crisis de BPA y que espera aprobar la próxima semana. Concretamente, se creará un ‘banco malo’ con el dinero proveniente de negocios ilícitos y un ‘banco bueno’ con los lícitos, además de una agencia para la resolución y reestructuración bancaria que gestionará una ‘salida ordenada’ para la entidad. Mientras no se aprueba la normativa, el caso BPA se rige por la ley concursal y los administradores han tenido que presentar un procedimiento de arreglo judicial (un proceso concursal) y han pedido al juez la continuidad de la actividad.
El decreto andorrano del 1969 que rige ‘el procedimiento de liquidación concursal no era adecuado por una entidad como BPA‘, ha explicado el portavoz del gobierno andorrano, Gilbert Saboya. Pero mientras no se aprueba el marco legal que se está preparando contra reloj, BPA se rige por esta ley concursal. Tal como ha explicado el representante del ejecutivo, la normativa vigente dice que ‘en un máximo de ocho días donde se constata un cese de un pago’ la empresa tiene que solicitar un procedimiento de arreglo judicial a la Batllia, el juzgado andorrano. El INAF ha iniciado pues un proceso concursal y ha pedido al juez que se pueda dar continuidad a la actividad bancaria de BPA ‘con las reglas del juego’ de los últimos días -ha explicado Saboya- mientras el nuevo marco legal no se hace realidad.
El portavoz ha remarcado que todavía no hay ninguna decisión definitiva sobre por donde pasará el futuro de la entidad y que todas las puertas están abiertas, como la venta parcial o total o incluso la liquidación. Saboya, pero, ha dejado claro que ‘una liquidación judicial no nos da instrumentos porque haya la mejor preservación del valor BPA’ y por eso es imprescindible crear un marco legislativo que permita en el gobierno andorrano encontrar herramientas específicas para la reordenación bancaria.
Un golpe preparada la ley, ‘ahora hay que consensuar al máximo con las fuerzas políticas y los sectores implicados’. El ejecutivo ha presentado el borrador al resto de grupos y confía poder votar el texto la próxima semana.
Por encargo del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), la agencia Price Waterhouse Coopers (PwC) dirime qué parte de negocio de BPA proviene de prácticas lícitas o ilícitas, con el objetivo ‘de avanzar trabajo hacia la construcción del futuro buen banco‘, ha explicado el portavoz del gobierno andorrano, Gilbert Saboya. ‘La peculiaridad del que hemos vivido a BPA hace que el criterio bueno- doliendo no pasa por los activos tóxicos como en otros lugares ha pasado’, ha señalado Saboya.
El portavoz ha explicado que el INAF, el supervisor bancario andorrano, ya ha iniciado tareas para configurar tanto el consejo de administración como la parte más ejecutiva de la agencia de reestructuración y resolución bancarias -que sería el equivalente al FROB español-. La agencia será la titular de BPA y se compondrá de miembros designados por varios estamentos institucionales como el ministerio competente o el supervisor bancario.
La ley de reestructuración y resolución bancarias se basará en la directiva europea con el objetivo de ‘reforzar el mensaje internacional’ que Andorra apuesta por la transparencia y por las prácticas homologables al resto de países, ha apuntado Saboya.
